En un sombrío balance, un total de 3.090 personas migrantes fallecieron entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025 mientras intentaban alcanzar las costas españolas en busca de un mejor futuro. Si bien esta cifra representa un descenso respecto a 2024, la ONG Caminando Fronteras, que recopila estos datos desde 2007, advierte que muchas de estas muertes no pueden considerarse "sucesos fortuitos o inevitables", sino el resultado de un sistema que antepone el control fronterizo a la protección de la vida.
La ruta argelina y la ruta atlántica hacia las islas Canarias siguen siendo las más transitadas y letales. En la primera, 1.037 migrantes perdieron la vida, el doble que en 2024, mientras que en la segunda se registraron 1.906 víctimas. No obstante, la ruta canaria experimentó una importante disminución en el número de llegadas.
Según Caminando Fronteras, muchas de estas muertes se relacionan con la falta de activación o demora de los medios de búsqueda y rescate por parte de las autoridades, así como con problemas de coordinación entre países. Además, en algunos casos las alertas se reciben tarde, las embarcaciones navegan con exceso de personas o las condiciones meteorológicas son desfavorables, lo que incrementa el riesgo de tragedias.
En total, 35.935 personas migrantes llegaron a España por vía marítima o terrestre entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, lo que supone un descenso del 40% con respecto al mismo periodo de 2024. En Canarias, la caída fue aún más acusada, del 59,9%, con 17.555 llegadas.
Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda Al Refugiado (CEAR) advierte que este descenso "no implica una reducción proporcional del riesgo", ya que se mantiene la exposición a naufragios y desapariciones, la sobrecarga de los dispositivos de Salvamento y la necesidad de coordinación europea en búsqueda y rescate y vías legales de acceso.
CEAR también denuncia el endurecimiento de la política migratoria de Europa, con medidas como la aprobación de centros de deportación de migrantes o las numerosas expulsiones forzosas que impiden el acceso al procedimiento de asilo. Además, señala que los discursos y delitos de odio contra las personas migrantes siguen "completamente normalizados".
La organización considera que 2026 será un año clave para definir el rumbo que tomarán la Unión Europea y España en materia migratoria, ya que a partir de mediados de este nuevo año se aplicarán las medidas aprobadas en 2024 en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece tanto los requisitos de acogida como el control de fronteras.
CEAR insta a España y a Europa a impulsar "otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas", y a que la nueva Ley de Asilo garantice derechos como la asistencia jurídica gratuita y el respeto al principio de no devolución. Además, recuerda que sigue estancada en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular de regularización extraordinaria de migrantes, que podría beneficiar a más de medio millón de personas.
