El Gobierno del presidente José Jerí enfrenta un creciente rechazo por su plan de reorganizar Petroperú a través de la venta de sus activos, en plena recta final de su gestión. Esta iniciativa, que otorga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) facultades para decidir la escisión y venta de activos de la empresa, ha generado alerta sobre un posible "remate" de bienes estatales sin la debida ponderación técnica ni transparencia.
El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez Peña, calificó la iniciativa como un "despropósito descomunal", argumentando que esa tarea debería corresponder a los órganos societarios de la propia petrolera y no a una agencia externa. Gutiérrez enfatiza que la deuda de Petroperú asciende a unos 7.900 millones de dólares, por lo que la eventual venta de bienes, incluida la de inmuebles que podrían generar alrededor de 200 millones de dólares, no resolvería los problemas financieros estructurales de la empresa si se realiza de manera apresurada o a precio de remate.
La preocupación radica en que el Gobierno, con pocos meses antes de dejar el poder, estaría dejando sentada una política de enajenación de activos sin suficiente análisis del impacto ni salvaguardas técnicas. Según el columnista, ProInversión carece de experiencia sectorial para liderar decisiones de este tipo y dependería excesivamente de consultores externos, con el riesgo de conflictos de interés y decisiones deficientes.
La controversia se da en el marco de la aprobación reciente de un decreto de urgencia para reorganizar patrimonialmente a Petroperú, norma que incorpora a la estatal al proceso de promoción de inversión privada con el fin de garantizar su continuidad operativa en medio de una profunda crisis financiera. Reacciones de diversos sectores han señalado que esta reorganización podría acercar a la empresa a una privatización parcial o encubierta, al permitir la transferencia o concesión de bloques patrimoniales bajo decisión de ProInversión.
La Defensoría del Pueblo y los sindicatos han advertido que medidas precipitadas sin un diálogo inclusivo y sin estudios técnicos sólidos podrían debilitar la función estratégica de Petroperú en el abastecimiento energético y poner en riesgo su viabilidad a largo plazo. En ese contexto, la discusión sobre el futuro de la petrolera estatal se intensifica, con una parte del espectro político y social clamando por mayor transparencia y otro, incluso, proponiendo soluciones alternas que no pasen por la venta masiva de activos.
