El Gobierno Nacional de Ecuador ha emitido dos decretos ejecutivos para ordenar la liquidación de dos empresas públicas: FABREC EP y UNA EP. Mediante estos documentos, el presidente dispuso medidas específicas para formalizar el cierre definitivo de estas entidades.
En el caso de FABREC EP, el Decreto Ejecutivo No. 274 establece que el Ministerio del Interior deberá facilitar la transferencia de todos los activos y pasivos, incluyendo aquellos derechos que se encuentren en litigio judicial. Esta transferencia debe formalizarse a través de una escritura pública, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo No. 275 aborda la situación jurídica de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), también en fase de liquidación. En este caso, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la entidad encargada de viabilizar el traspaso de los activos y pasivos remanentes.
Ambos decretos establecen que los liquidadores designados para cada empresa mantendrán la representación legal hasta que se verifique el cierre definitivo de todos los registros ante las entidades correspondientes, como el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro Único de Proveedores (RUP) y los números patronales ante la seguridad social.
Asimismo, se ordena la cancelación de las cuentas bancarias de las empresas en el Banco Central del Ecuador, con el objetivo de garantizar que no queden obligaciones administrativas pendientes.
Un punto relevante de los decretos es el tratamiento de los derechos litigiosos, los cuales pasan a manos de los ministerios rectores (Interior y Agricultura). Esto garantiza una sucesión procesal clara para defender los intereses estatales en los procesos judiciales en curso.
La Secretaría General Jurídica de la Presidencia y los ministerios involucrados deberán supervisar el proceso de liquidación, el cual finalizará cuando se certifique el cierre de todos los registros públicos e inscripciones ante el Estado.
Estas decisiones presidenciales se sustentan en las atribuciones constitucionales que otorgan al Presidente la facultad de dirigir la administración pública y gestionar las empresas nacionales. Además, la Ley Orgánica de Empresas Públicas proporciona el sustento jurídico para que los liquidadores realicen las operaciones necesarias para el cierre técnico y financiero.
El enfoque del Gobierno Nacional se mantiene en la simplificación del aparato estatal y la eliminación de estructuras como FABREC y UNA EP, que ya no cumplen con funciones operativas o comerciales. Este movimiento administrativo representa el cumplimiento de cronogramas establecidos para reducir el número de entidades estatales.
