El presidente Javier Milei firmará en los próximos días un decreto de necesidad y urgencia que establece importantes cambios en la estructura de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), otorgándole mayores capacidades a la actual Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Uno de los ejes centrales del DNU es la redefinición del carácter de las tareas de inteligencia, que pasan a ser consideradas de manera general como "actividades encubiertas". Esta modificación conceptual se basa en la sensibilidad de la información que manejan estos organismos y en la necesidad de reducir lo que el decreto denomina "riesgo estratégico nacional".
En este marco, la normativa habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.
Otra de las transformaciones estructurales es la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia, cuya misión principal será prevenir amenazas vinculadas al espionaje, el sabotaje, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos de Argentina. Las acciones de contrainteligencia se extenderán a todo el sector público nacional.
En el plano tecnológico, el Ejecutivo determinó una división clara entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia y quedó bajo la órbita de la SIDE.
Otro punto central de la reforma es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Con la aplicación de este DNU, las tareas de inteligencia estratégica militar quedarán concentradas en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reducir superposiciones y simplificar el esquema organizativo.
La SIDE tendrá ahora la facultad de administrar de forma directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, incluyendo la aprobación y control de los presupuestos del área incluidos los gastos reservados y la capacidad de requerir información a organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se crea la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera. Por otro lado, la Comunidad Informativa Nacional incorpora a áreas clave como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y dependencias vinculadas a energía, el área nuclear y el sector espacial.
El decreto deberá ser convalidado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
La medida representa un claro apoyo a la conducción del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tiene clara influencia en el área. Sin embargo, en esta reestructuración del organismo crecerá también el control de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
