El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, decidió modificar la Ley de Inteligencia Nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta resolución, firmada por el propio mandatario, generó controversia debido a la sensibilidad del tema y al momento en que se realizó, sobre el cierre del año 2025.
La modificación a la Ley de Inteligencia Nacional N 25.520 y sus normas complementarias tiene como objetivo principal reorganizar y modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Según el decreto, esto se debe a los desafíos tecnológicos actuales, que requieren actualizar cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, las comunicaciones y la información.
Entre los principales cambios, se destaca la creación de dos nuevos organismos desconcentrados: la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC). La AFC, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se encargará de la ciberseguridad en infraestructuras críticas, la protección de información estratégica y la prevención de amenazas. Por su parte, la ANC, dependiente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tendrá como objetivo identificar y neutralizar amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia que afecten la seguridad estratégica nacional.
Según lo argumentado en el DNU, estas modificaciones buscan evitar superposiciones, mejorar la eficiencia y modernizar los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional. Además, se menciona la intención de enfocarse en la protección de la información estratégica, la prevención de amenazas y la evitación de injerencias externas.
La decisión del Gobierno de modificar la Ley de Inteligencia Nacional a través de un DNU ha generado controversia, ya que se trata de una ley sensible que regula los servicios de inteligencia del país. Algunos analistas han cuestionado el momento elegido para realizar estos cambios, sobre el cierre del año, y han expresado preocupación por la posible concentración de poder que podría derivar de estas modificaciones.
