El Gobierno peruano ha aprobado un decreto de urgencia que autoriza medidas extraordinarias para reorganizar el patrimonio de la estatal Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país. Ante la delicada situación financiera de la empresa, el Ejecutivo busca contener los riesgos sobre la seguridad energética y el normal funcionamiento de la economía.
El decreto de urgencia N. 010-2025, publicado en el Diario Oficial El Peruano, establece acciones urgentes y excepcionales en materia económica y financiera para garantizar la operatividad de Petroperú. La finalidad es preservar la seguridad energética del país y la estabilidad de las actividades económicas vinculadas al transporte, distribución, comercialización y suministro de hidrocarburos.
De forma excepcional, la norma autoriza la reorganización patrimonial de los activos de Petroperú, incluyendo la Nueva Refinería de Talara y otras unidades productivas. Estos activos podrán ser transferidos a uno o varios Vehículos de Propósito Especial, cuya titularidad corresponderá a la empresa estatal.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) será la encargada de diseñar y ejecutar integralmente este proceso. Entre sus atribuciones, se incluye la representación de los derechos económicos y políticos de los bloques patrimoniales reestructurados, la decisión sobre la transferencia de activos y la selección de operadores especializados para la gestión de los mismos.
Además, el decreto autoriza un aporte de capital de hasta S/ 240 millones durante el año fiscal 2026, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, destinado al fortalecimiento operativo de Petroperú. Estos recursos no podrán destinarse a otros fines y se capitalizarán mediante la emisión de acciones a favor del Estado peruano.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan evitar una interrupción en la cadena de abastecimiento de combustibles y preservar el normal desarrollo de las actividades económicas esenciales del país. Petroperú deberá mantener la operatividad de sus instalaciones y reducir gastos, mientras que Proinversión deberá priorizar las zonas donde la empresa estatal es el principal abastecedor.
La crisis de solvencia que enfrenta Petroperú ha puesto en riesgo la seguridad energética del país, por lo que el Gobierno ha tenido que tomar medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del suministro de combustibles. La reestructuración patrimonial y el aporte de capital buscan fortalecer a la empresa estatal y evitar mayores consecuencias para la economía peruana.
