Bolivia ha entrado en una fase de corrección económica que ya no admite ambig edades. El país enfrenta una situación fiscal insostenible debido al esquema de precios, subsidios y financiamiento que se tenía, lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas como el aumento en el precio de los combustibles.
El ajuste en el precio de la gasolina y el diésel es la mayor alza en el precio de los combustibles desde 1997. Esta medida busca corregir un precio relativo crítico que implicó una expansión desproporcionada del parque vehicular y del consumo de combustible, lo que generó un alto costo fiscal.
Se estima que la reducción del subsidio a los combustibles permitiría recortar el déficit fiscal en torno a 3 puntos porcentuales del PIB, es decir, alrededor de USD 1.500 millones anuales, lo que representa aproximadamente el 20% del déficit fiscal proyectado para 2025. Pocas medidas tienen un impacto fiscal de esta magnitud en tan corto plazo.
Además, la eliminación del subsidio también contribuye a reducir la desigualdad, ya que la evidencia internacional muestra que, en promedio, el 20% más rico de la población captura entre el 40% y 60% de los beneficios de los subsidios, mientras que los hogares más pobres reciben una fracción mucho menor. Bolivia reproduce este patrón, agravado por el contrabando que desvió hasta el 30% del combustible subsidiado y el sobreconsumo inducido por precios artificialmente bajos.
Sin embargo, el ajuste no es neutro en el corto plazo. Se estima que tendría un impacto directo inicial de alrededor de un punto porcentual en la inflación, un impacto indirecto adicional de hasta dos puntos por el efecto en el transporte, y efectos de segunda vuelta de hasta cinco puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses.
Por ello, el componente social es central en este ajuste. El paquete incorpora un incremento del 20% del Salario Mínimo Nacional y aumentos significativos en las transferencias, lo que implicaría un costo fiscal adicional estimado en USD 400 millones. Estas medidas buscan amortiguar el impacto regresivo del ajuste y proteger a los hogares más vulnerables.
En este contexto, el gobierno y la sociedad boliviana enfrentan el desafío de encarar este ajuste de manera ordenada, dialogada y socialmente justa. Evitar postergar el ajuste es clave, ya que ello solo lo volvería más costoso. Hacerlo con evidencia y transparencia es la vía responsable para evitar una crisis mayor, recuperar la estabilidad y el crecimiento, y fortalecer la democracia.
