La jueza federal Trina Thompson declaró este miércoles ilegal la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.
La magistrada consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio de manera "predestinada" y no cumplió con el procedimiento recogido en la ley.
Thompson restauró el TPS para las nacionalidades afectadas y rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa. Explicó que Noem no siguió la práctica habitual del DHS al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días.
La jueza declaró "que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA (Ley de Procedimiento Administrativo)" y dejó sin efectos la orden de Noem.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS alegando que puso fin al amparo que los protegía de la deportación debido a una "animosidad racial". Varias organizaciones que los representaron celebraron la decisión judicial, pero lamentaron que la anulación del beneficio ya ha perjudicado a muchas personas que llevan décadas en el país.
El TPS es un tipo de beneficio migratorio que el DHS puede conceder a migrantes de países que estén atravesando por situaciones de emergencia, como desastres naturales o conflictos bélicos, que les impiden regresar de manera segura a sus hogares. La decisión de la jueza Thompson restaura estas protecciones para miles de personas.
