En un año marcado por profundos cambios, el Congreso mexicano aprobó una serie de reformas constitucionales y legales que reconfiguran aspectos neurálgicos del sistema político, judicial, social y de seguridad del país. Estas transformaciones abarcan desde la soberanía nacional hasta la lucha contra la corrupción, y prometen redefinir el rumbo de México hacia 2026.
Una de las reformas más destacadas fue la aprobada el 26 de febrero por el Senado, que modifica el artículo 40 de la Constitución para fortalecer los principios de no intervención y autodeterminación. Esto se gestó tras la decisión de Estados Unidos de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que llevó al Congreso a blindar la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras.
En el ámbito electoral, se aprobó una reforma contra el nepotismo y la reelección consecutiva en cargos públicos, que entrará en vigencia a partir de las elecciones de 2030. Esta medida impedirá que funcionarios federales, estatales y municipales busquen la reelección inmediata y restringirá la postulación de personas con vínculos de parentesco o relaciones personales cercanas.
Otra reforma de gran impacto fue la aprobada en el Senado el 11 de septiembre de 2024, que modificó el Poder Judicial de la Federación. A partir de un proceso electoral organizado por el INE, los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por sufragio popular, lo que ha generado preocupaciones sobre la posible politización de la justicia y el riesgo de debilitar su independencia.
En el ámbito de la seguridad nacional, destaca la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nuevas atribuciones para la coordinación y operación directa de esta fuerza de seguridad pública.
Otras reformas clave incluyeron la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece penas de hasta 42 años de prisión, y la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.
Estas reformas constituyen la base de un nuevo marco institucional destinado a marcar el rumbo de la política, la justicia, la seguridad pública y los derechos fundamentales en México para los próximos años. Su impacto será determinante en la configuración del país hacia 2026.
