El Ministerio de Defensa activó una serie de medidas de respuesta inmediata en el municipio de Tibú, Norte de Santander, ante el incremento de la violencia asociada a la disputa territorial entre grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que las acciones buscan proteger a la población civil y preservar el control institucional del territorio, que se encuentra en disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Según la información oficial, los enfrentamientos entre estas organizaciones armadas ilegales han generado afectaciones directas a las comunidades rurales y urbanas del municipio, lo que llevó al Gobierno a instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de las autoridades.
Desde el PMU se realiza un monitoreo permanente de la situación humanitaria y de seguridad, y se coordina el despliegue de acciones operativas y de atención a la población. Entre estas medidas se encuentran el refuerzo del pie de fuerza de la Policía Nacional en los cascos urbanos y la presencia del Ejército Nacional en las áreas rurales.
Además, el Ministerio de Defensa informó sobre el ingreso de camionetas blindadas, motocicletas y apoyo helicoportado para mejorar la movilidad y seguridad de las tropas y autoridades en la zona. Estas acciones se desarrollan en el marco de la operación sostenida Esparta, con la participación de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.
El ministro Sánchez señaló que el objetivo es proteger a los campesinos y habitantes del Catatumbo, quienes han sido impactados por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que buscan controlar las rutas y economías ilícitas de la región. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que brinde información oportuna a las autoridades, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y facilitar el control territorial.
La situación de orden público en Tibú refleja la complejidad del conflicto armado en el Catatumbo, donde la disputa por el dominio de actividades ilícitas ha generado una escalada de violencia que afecta directamente a la población civil. El Gobierno nacional ha activado una respuesta integral para proteger a los habitantes de la zona y recuperar el control institucional del territorio.
