El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido acusado de maniobrar y utilizar diversos mecanismos para evadir y desacreditar decisiones tomadas por el Congreso de la República, la Corte Constitucional y el Banco de la República, en un aparente intento por ganar réditos políticos y electorales.
Según un análisis publicado por el diario El País, el mandatario ha recurrido a estrategias como la declaración del estado de Emergencia Económica y Social, argumentando supuestos hechos sobrevinientes que, en realidad, ya existían y se agravaron durante su gobierno. Esto le otorga facultades extraordinarias que le permiten eludir decisiones de las instituciones mencionadas.
Entre las decisiones que Petro habría buscado anular se encuentran aquellas relacionadas con la ley de financiamiento, la reforma a la salud y las órdenes de ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) emitidas por la Corte Constitucional. Además, se señala que el mandatario ha utilizado su influencia en los medios de comunicación para desprestigiar a estas instituciones y ganar apoyo popular.
Expertos consultados por El País advierten que estas acciones de Petro representan un riesgo latente para la democracia colombiana, ya que siguen patrones descritos por el filósofo Platón hace siglos, en los que un gobierno popular puede derivar en la instauración de una tiranía.
La ciudadanía ha sido testigo de cómo el presidente ha implementado otras estrategias, como la campaña de firmas para convocar a una Asamblea Constituyente y el aumento del salario mínimo en un 23,7%, con el objetivo de ganar apoyo electoral, aunque ello implique el debilitamiento de las instituciones y la solidez de la democracia.
Ante este panorama, los analistas llaman a la vigilancia y el rechazo de los actos arbitrarios y la sistemática práctica de desprestigiar a las instituciones por parte del gobierno, con el fin de preservar el Estado de Derecho y los contrapesos necesarios en un sistema democrático.
