El Gobierno colombiano anunció un incremento del 23% en el salario mínimo, que pasará de $1.423.500 a $1.750.905 para el 2023, además de un auxilio de transporte de $249.095, lo que eleva el ingreso mínimo a $2 millones. Esta medida tendrá un impacto significativo en las pensiones y la economía del país.
El aumento del salario mínimo beneficiará directamente a los pensionados que reciben un ingreso equivalente al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). Sin embargo, aquellos que devengan más de un salario mínimo verán sus pensiones ajustadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica que tendrán que esperar hasta enero para conocer el incremento de sus ingresos.
Según Luis Felipe Jiménez, el alza del 23% en el salario mínimo elevará en un 20% el costo de la nómina de Colpensiones, ya que la mayoría de los pensionados en esta entidad reciben una mesada cercana al salario mínimo. Esto representa un reto fiscal para el Estado, que deberá destinar más recursos para cubrir estos pagos.
Por otro lado, Diego Bernal, experto en temas pensionales, señaló que el incremento del salario mínimo también dificulta que las compañías de seguros asuman el pago de pensiones cercanas a este valor, ya que no pueden asumir el riesgo de que el Gobierno suba la pensión por encima de la inflación.
Además, el aumento del salario mínimo encarece el costo de una pensión mínima para la población no jubilada que cotiza en el régimen de ahorro individual, lo que podría llevar a más personas a depender del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuyo déficit terminaría siendo asumido por el Estado.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) criticó la medida, argumentando que es irónico que, mientras el Gobierno declaró una emergencia económica por la falta de recursos, no tuvo en cuenta el grave impacto fiscal que este aumento tendrá en la economía.
En resumen, el incremento del 23% en el salario mínimo, si bien beneficia a los trabajadores, representa un desafío significativo para las finanzas públicas y el sistema pensional colombiano, lo que requerirá de una cuidadosa gestión por parte del Gobierno para mitigar los efectos negativos en la economía.
