El nuevo golpe electoral que ha sufrido el pueblo hondureño deja un precedente preocupante. Las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras han estado marcadas por una serie de irregularidades y denuncias de fraude que culminaron en una declaratoria "final" emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin haber completado el proceso de escrutinio y a pesar de las solicitudes de los candidatos de ir a un conteo "voto por voto".
La figura clave en este escenario nefasto es Carlos Cardona, consejero suplente del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien junto a las representantes del Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN) en el CNE, Ana Paola Hall y Cossette López respectivamente, emitieron la polémica declaratoria que, según denuncias, buscaba sellar un fraude electoral estructurado desde el inicio del proceso.
Las irregularidades en el proceso electoral hondureño se remontan incluso a los comicios de 2021, cuando Xiomara Castro, de la alianza Libertad y Refundación (Libre), fue elegida como la primera mujer presidenta del país. Tras su arrolladora victoria, sectores oscuros de la sociedad hondureña, junto a élites políticas, económicas y criminales, buscaron desconocer el "Pacto Bicentenario" donde Libre cedía la titularidad del Congreso al PSH.
Al no lograr su objetivo, estos grupos enfocaron sus esfuerzos en tomar el control del CNE, logrando que en septiembre de 2024 el bipartidismo firmara una alianza para impedir que Marlon Ochoa, de Libre, ejerciera la presidencia del organismo electoral en año electoral. Esto dejó el control de las primarias en manos de Cossette López (PN) y de las generales en Ana Paola Hall (PL), marcando un desequilibrio institucional.
Desde entonces, se desató una embestida contra Hall por no secundar el proyecto de "doble verificación" de resultados impulsado por López, que buscaba la intromisión humana previa a la divulgación de las actas. Esto motivó incluso la renuncia de Hall, aunque no fue aceptada por el Congreso.
Pese a los esfuerzos de Hall por mantener la institucionalidad, el fraude siguió su curso. Marlon Ochoa, representante de Libre en el CNE, denunció graves fallas técnicas en los simulacros electorales, con solo el 36% de las actas transmitidas. Además, se registraron múltiples denuncias de amenazas a votantes por parte de grupos del crimen organizado.
El 12 de diciembre, el Ministerio Público presentó nuevos audios filtrados que evidenciarían un patrón de control y manipulación de resultados por parte de la consejera Cossette López. Ante esto, los candidatos Nasralla y Aldana exigieron al CNE pasar a un escrutinio especial, pero la institución, comandada por Hall y López, no accedió.
Finalmente, en una declaratoria emitida en la madrugada del domingo 14 de diciembre, Hall y López, junto al consejero Cardona, cerraron el proceso electoral, a pesar de que más de 17 mil actas presentaban inconsistencias y sin haber realizado el conteo "voto por voto" solicitado.
Este nuevo golpe al pueblo hondureño deja en evidencia la necesidad urgente de reformas electorales, como la prohibición de celebrar comicios en temporada navideña y la implementación de una segunda vuelta electoral. Honduras no puede seguir inmersa en un ciclo de fraudes y manipulaciones que socavan la democracia y la confianza de los ciudadanos.
