La Justicia ordenó una intervención parcial en la cooperativa láctea SanCor, que enfrenta una profunda crisis por deudas salariales, irregularidades previsionales y falta de información. El juez designó un coadministrador con amplias facultades de auditoría y control para evitar el colapso del proceso concursal.
SanCor, símbolo de la industria láctea argentina, atraviesa desde hace años un proceso de achicamiento y pérdida de mercado. Ahora, la empresa quedó bajo una intervención parcial ordenada por la Justicia de Santa Fe, en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde febrero.
La medida, dispuesta por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, apunta a reforzar el control sobre la administración ante una serie de incumplimientos laborales, previsionales y contables detectados en los últimos meses.
El magistrado resolvió la designación de un coadministrador judicial con amplias facultades de auditoría, control y representación. Las autoridades actuales continuarán en sus cargos, pero ya no podrán tomar decisiones patrimoniales o contables sin la firma conjunta del funcionario designado.
La resolución se apoya en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):
1. Deudas salariales persistentes: SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y no pagó ninguna de las cuotas del aguinaldo de este año. Más de 300 trabajadores enviaron telegramas de intimación en las últimas semanas.
2. Irregularidades previsionales: se denunciaron recibos de sueldo con datos presuntamente falsos y falta de aportes a la seguridad social, lo que derivó en causas penales contra exdirectivos.
3. Falta de información clave: la empresa no entregó documentación sobre su funcionamiento, contratos, producción y destino de fondos, incumpliendo el deber de colaboración.
Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, justificando la adopción de una medida "intermedia" que permita un control real sin desplazar por completo a la conducción.
El coadministrador designado, un profesional con certificación en sindicatura concursal, tendrá un mandato inicial de 60 días prorrogable y podrá auditar contratos, flujos de fondos, niveles de producción y stock, así como intervenir en cualquier acto con impacto económico o contable.
La intervención llega en un contexto de creciente conflictividad interna, con grupos de trabajadores presentando pedidos individuales de quiebra por meses de salarios impagos y falta de aportes a la obra social.
Además, la fiscalía federal de Rafaela había solicitado a comienzos de febrero el procesamiento de dos expresidentes de SanCor por apropiación indebida de más de $1.644 millones en aportes de los trabajadores.
La decisión judicial abre ahora una etapa de supervisión reforzada, en la que la Justicia buscará determinar si la empresa puede sostener su operatoria bajo control conjunto o si será necesario avanzar hacia medidas más drásticas dentro del concurso preventivo.
