La bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional presentará en las próximas horas solicitudes de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones.
Estas acciones responden a denuncias de presiones judiciales en casos de narcotráfico y lavado de activos, así como a irregularidades en la designación de Godoy, en un contexto de fiscalización a contratos gubernamentales como el de HealthBird.
La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada RC, explicó que el juicio contra Godoy se basa en su supuesta responsabilidad en presiones a jueces, mientras que el dirigido a los vocales del CPCCS cuestiona su decisión de elegirlo pese a impugnaciones ciudadanas. Las solicitudes cuentan con firmas de la bancada RC y serán remitidas al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación una vez finalice el receso legislativo.
Según Veloz, las acusaciones se centran en la denuncia del exjuez Carlos Serrano, de la Unidad Especializada de Delitos Relacionados con Crimen Organizado, quien reveló presiones del exdirector del CJ en Pichincha, Henry Gaibor cercano a Godoy , para favorecer al ciudadano serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024 de lavado de activos. En una fase preprocesal, la defensa de Srdan fue Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.
El caso Euro 2024 involucra una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, con un monto de USD 11,193 millones. En noviembre de 2025, un tribunal sentenció a Srdan y otros tres ecuatorianos, junto con tres empresas, a diez años de prisión. La Fiscalía General del Estado determinó que los fondos provenían de tráfico de drogas, con envíos de cocaína a Europa.
Godoy, designado en 2024 por el CPCCS pese a impugnaciones, enfrenta escrutinio por este escándalo. Expertos han pedido allanamientos y control penal inmediato, destacando conflictos de interés. La Judicatura ha defendido su depuración interna, pero audios difundidos cuestionan su independencia.
Veloz vinculó la reactivación de su denuncia personal por presunta traición a la patria con sus labores de fiscalización, incluyendo el contrato del Gobierno con HealthBird, una empresa estadounidense que recibió USD 150 millones para modernizar servicios de salud, pero que se retiró del país sin responder por los fondos invertidos.
La legisladora sostiene que estos procesos son "persecución política" para silenciar sus críticas. Los juicios políticos, previstos en la Constitución, requieren mayoría calificada en la Asamblea para censura y destitución. La bancada RC, opositora al Gobierno de Noboa, ha impulsado similares procesos en 2025 amid tensiones políticas.
