El presidente Gustavo Petro anunció la noche del 29 de diciembre el nuevo salario mínimo para 2026, que tendrá un incremento del 23,7%, el más alto desde la Constitución de 1991. Con esta medida, 2,4 millones de trabajadores del sector formal verán aumentados sus ingresos a partir del 1 de enero.
El salario vital quedó fijado en 1.750.905 pesos, a lo que se suma el subsidio de transporte de 249.095 pesos, para un total de 2 millones de pesos mensuales para los trabajadores que ganen el mínimo. Este aumento supera ampliamente la inflación anual de noviembre, que se ubicó en 5,3%, y está muy por encima de las propuestas empresariales y sindicales.
El gobierno justificó la decisión en la necesidad de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias, a través del concepto de "salario mínimo vital" respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este enfoque busca cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora, incluyendo alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte.
Este es el cuarto año consecutivo en que el gobierno de Petro decreta el aumento del salario mínimo sin acuerdo en la mesa de concertación. El incremento acumulado en los cuatro años del gobierno alcanza niveles históricos, con aumentos del 16% en 2023, 12,07% en 2024 y 9,54% en 2025.
Los gremios empresariales han expresado preocupación por el impacto del aumento en la economía. Fedesarrollo advirtió que un incremento tan alto podría generar efectos negativos en el empleo formal y aumentar la informalidad laboral. Otros economistas cuestionaron el uso del concepto de "salario mínimo vital" y advirtieron sobre los efectos en otros sectores como el sistema de pensiones y la vivienda de interés social.
Sin embargo, el presidente Petro ha defendido esta política argumentando que entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja, en contraposición a lo que sostienen economistas tradicionales. Este decreto marca un cambio estructural en la forma de determinar el ingreso base en Colombia.
