El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, ha denunciado que el organismo pretende proclamar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin haber procesado 435 actas del Distrito Central, la capital del país. Ochoa calificó esta acción como un "fraude", un "acto de corrupción" y una "violencia que usurpa y se roba la voluntad popular".
Según Ochoa, las otras dos consejeras, Ana Paola Hall y Cossette López, harán la declaratoria final sin procesar el 100% de las actas, lo que arroja una sombra de ilegitimidad sobre la fase final del ya cuestionado proceso electoral. El consejero denunció que la falta de pronunciamiento de Hall y López está retrasando el avance del escrutinio especial de los otros departamentos y municipios, a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal para la declaratoria de resultados.
Ochoa desglosó que, a nivel presidencial, hay más de 300 actas que no se procesaron, lo que significa alrededor de 132 mil votos. En el ámbito municipal, la situación es aún más crítica para la capital, ya que se le está dando mayor importancia al escrutinio de actas para diputados "con la intención de no contar el nivel de las corporaciones municipales, para declarar electo aquí en el Distrito Central a falta de 435 actas que todavía presentan inconsistencias y que representan el 25% de la elección".
El consejero recordó que el pleno del CNE aprobó por mayoría iniciar el escrutinio especial de 868 actas controversiales por el nivel de diputados, pero denunció que las consejeras Hall y López decidieron enviar "más de 7 mil actas (nivel de diputados) y más de 5 mil actas (corporaciones municipales) a un proceso que se llama corrección visual", el cual finalizó este domingo al mediodía.
Frente a la crisis, Ochoa presentó una solución técnica y expedita, explicando que se debería priorizar el escrutinio en las 58 alcaldías con diferencia menor al 5%, ya que hay "812 actas con inconsistencias que se pueden evacuar en un turno". Calculó que, si el pleno toma la decisión de manera inmediata, "alrededor de las 11.00 de la mañana del lunes 29.12.2025. ya se tendría evacuado el problema".
La denuncia del consejero Ochoa pone en jaque la transparencia y legalidad de la declaratoria final, en medio de un proceso manchado por una serie de denuncias de delitos electorales, incluyendo coacción, falsificación e injerencia extranjera por parte de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump.
