El fuerte aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 ha reabierto el debate económico en el país y encendido alertas por sus posibles efectos negativos en la inflación y el empleo, según advierten expertos.
El presidente Gustavo Petro oficializó recientemente el decreto que incrementa el salario mínimo y el auxilio de transporte a partir del próximo año. Si bien esta medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, los especialistas señalan que podría tener consecuencias adversas para la economía colombiana.
"Un aumento tan significativo del salario mínimo en 2026 eleva los riesgos inflacionarios, golpea a las pequeñas y medianas empresas, fomenta la informalidad y termina trasladando mayores costos al próximo gobierno", advirtió el economista Juan Pérez, director del Centro de Estudios Económicos.
Según Pérez, el incremento del 20% en el salario mínimo y 25% en el auxilio de transporte aprobado por Petro "presiona al alza los costos laborales de las empresas, especialmente las pymes, que no podrán absorber fácilmente ese impacto y se verán obligadas a trasladarlo a los consumidores".
Esto, a su vez, podría acelerar la inflación en un momento en que el Banco de la República lucha por contenerla, lo que obligaría a mayores subidas de las tasas de interés con el consiguiente efecto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo.
"Además, un salario mínimo tan alto puede incentivar la informalidad, ya que muchas empresas optarán por no declarar a sus trabajadores para evitar asumir esos mayores costos", advirtió Pérez.
Por su parte, el economista Andrés Gómez, de la Universidad de los Andes, señaló que "el próximo gobierno tendrá que lidiar con los efectos adversos de esta medida, lo que limitará su margen de maniobra para implementar su propia agenda económica".
Gómez recordó que el salario mínimo en Colombia ya es uno de los más altos de la región en términos relativos y que un nuevo aumento de esta magnitud "puede terminar perjudicando a los mismos trabajadores que se pretende beneficiar, al reducir la competitividad de las empresas y destruir empleos formales".
Ante este panorama, los expertos consultados coinciden en que el Gobierno debería revaluar el decreto y buscar alternativas que mejoren los ingresos de los trabajadores sin generar distorsiones macroeconómicas.
