La Audiencia Nacional ha impuesto penas de 10 años de cárcel y 125 millones de euros a los 15 tripulantes de la embarcación interceptada el 12 de noviembre de 2024 cerca de Canarias con 3.500 kilos de cocaína a bordo.
La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Armada, se inició tras una alerta de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) sobre un pesquero con bandera panameña que navegaba hacia España con varias toneladas de cocaína.
Tras comprobar los movimientos erráticos del barco, las autoridades españolas solicitaron y obtuvieron el permiso de Panamá para abordar la embarcación, que finalmente fue interceptada cerca de las islas Canarias.
En la bodega del buque, los agentes encontraron 100 fardos que dieron positivo en cocaína, con una pureza del 84,3%. Se calcula que el valor de la droga en el mercado ilícito podría llegar a los 245.000 euros si se vendiera por gramos.
Durante el juicio en la Audiencia Nacional, las defensas de los acusados alegaron la falta de competencia española, la ilegalidad de la detención y la inexistencia de cadena de custodia, argumentos que fueron rechazados por el tribunal.
Los tripulantes, por su parte, aseguraron que habían visto los fardos y sospechaban que la carga era ilegal, pero negaron tener relación con la operación. El capitán afirmó haber sido amenazado y que algunas personas habían disparado al colegio de su hijastra.
A pesar de las alegaciones, el tribunal impuso penas de 10 años de cárcel y una multa de 125 millones de euros a los 15 tripulantes, en lo que supone uno de los mayores alijos de cocaína interceptados en aguas del Atlántico en los últimos años.
