En un devastador informe, la Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que más de 200.000 personas se vieron forzadas a desplazarse o quedaron confinadas en sus poblados durante el 2025, como resultado de los enfrentamientos entre grupos ilegales y las fuerzas de seguridad del Estado.
Según el documento, 101.474 personas fueron desplazadas por la violencia, triplicando la cifra del año anterior, mientras que otras 110.373 quedaron confinadas en sus viviendas. Estos eventos, que vulneraron los derechos fundamentales de hombres, mujeres, niños y adolescentes, se concentraron principalmente en los departamentos de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y Cauca, en el suroeste del país.
La Defensoría del Pueblo señaló que la "crisis humanitaria persistente" en estas regiones exige una "presencia efectiva del Estado" para brindar protección a la población civil. Esto se produce en medio de la disputa por el control territorial entre el "Frente 33" de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.
En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas, y el Ejército colombiano informó que ha priorizado la "fase humanitaria" para la protección de los civiles, con más de 3.600 evacuaciones y la atención a más de 87.000 desplazados.
Este dramático aumento en los desplazamientos y confinamientos forzados evidencia la grave situación de violencia que continúa azotando a amplias regiones de Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por restablecer la seguridad y la presencia del Estado en estas áreas. La necesidad de una solución integral y sostenible a este conflicto sigue siendo un desafío urgente para las autoridades colombianas.
