El país se prepara para recibir el 2026 en medio de una crisis fiscal sin precedentes que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro. La combinación de un déficit fiscal elevado, la desfinanciación del presupuesto nacional y una emisión histórica de deuda pública han llevado al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia económica.
La situación de las finanzas públicas es crítica. El Gobierno Petro arrastra una gran deuda derivada de los gastos extraordinarios durante la pandemia, y lejos de ajustar el gasto, implementó políticas sociales expansivas que incrementaron aún más las obligaciones del Estado. Esto, sumado al fracaso de la reforma tributaria de 2023, ha generado un déficit fiscal que alcanzó el 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1% para 2025.
Ante la imposibilidad de aprobar una nueva reforma tributaria, el Gobierno recurrió a la declaratoria de emergencia económica el 22 de diciembre, con el objetivo de implementar tres nuevos impuestos: la reducción del umbral del impuesto al patrimonio, la reactivación del esquema de normalización de activos y un incremento en la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero.
Además, el Ministerio de Hacienda ejecutó una operación sin precedentes: la emisión de TES (títulos de tesorería) por 23 billones de pesos, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas cercanas al 13%. Esta medida ha despertado inquietudes en el sector financiero por la falta de transparencia y el costo a futuro para la economía colombiana.
La declaratoria de emergencia económica ha encontrado una fuerte oposición entre exministros de Hacienda, constitucionalistas y analistas, quienes argumentan que la crisis fiscal no constituye un hecho sobreviniente ni un agravamiento inesperado, condiciones necesarias para justificar la aplicación de poderes excepcionales. Algunos expertos jurídicos señalan el riesgo de una acumulación de razones injustificadas por parte del Ejecutivo para recurrir al artículo 215 de la Constitución.
La proximidad electoral y la imposibilidad de implementar recortes de gastos en el último año de mandato han llevado al Gobierno a soluciones temporales más que definitivas. Esto transfiere el peso de resolver los desafíos fiscales estructurales al próximo gabinete presidencial, que asumirá el 7 de agosto de 2026 en un entorno protagonizado por fuertes presiones económicas y políticas.
