El sistema de indemnización por cese para exparlamentarios ha sido objeto de polémica tras conocerse que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cobró cerca de 19.000 euros durante los seis meses que permaneció en prisión preventiva.
De acuerdo con los datos proporcionados por Europa Press, un total de 855 miembros de ambas cámaras han solicitado este tipo de ayuda económica desde la creación del mecanismo, incluyendo 507 diputados y 348 senadores. El sistema establece que quienes lo soliciten puedan recibir el pago mensual hasta un máximo de dos años, siempre que no dispongan de ningún otro ingreso público o privado.
En el caso de Cerdán, la Mesa del Congreso aprobó el pago de seis mensualidades el 11 de julio, fecha en la que el exdirigente del PSOE ya se encontraba en prisión preventiva. Según las fuentes consultadas por Europa Press, este procedimiento se enmarca en el régimen de garantías para representantes electos, cuyo fin es proporcionar estabilidad económica a quienes hayan cumplido ciertos requisitos, como haber ocupado un escaño al menos dos años y no percibir ningún otro ingreso.
El Partido Popular solicitó que el Congreso suspendiera estos pagos a Cerdán, argumentando que el exdiputado habría ocultado su participación desde 2016 en la empresa Servinabar, lo que a juicio del partido constituiría una infracción en materia de incompatibilidades y declaración de bienes y actividades. Sin embargo, la Mesa del Congreso, dominada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, rechazó la petición del PP.
Según el informe jurídico elaborado por los servicios legales de la Cámara, la indemnización constituye un derecho, no una concesión discrecional, y debía otorgarse si se reunían los requisitos previstos en el reglamento. Tras la verificación por parte de la Secretaría General del Congreso de que Cerdán cumplía con los criterios, se procedió a autorizar el pago.
La normativa exige que los beneficiarios informen a la Cámara Baja si su situación económica varía al recibir un salario, dieta o pensión, momento en el cual cesa el cobro del finiquito. Tras los pagos a Cerdán, no queda ningún exparlamentario cobrando en la actualidad esta indemnización, según los datos actualizados por el Congreso.
El caso de Cerdán reabre el debate sobre la aplicación y los límites de estos derechos, así como sobre la transparencia y el control en las declaraciones de actividades y bienes de los representantes públicos, aspectos que seguirán en discusión en el ámbito parlamentario.
