El gobierno uruguayo se opuso el lunes 22 a reconocer el pago correspondiente a la puesta de quilla de la segunda patrulla oceánica por parte del astillero Cardama, argumentando que no forma parte de la carta de crédito vigente.
Desde que el presidente Yamandú Orsi anunció el 22 de octubre las "acciones para rescindir el contrato" con Cardama ante "fuertes indicios de fraude al Estado uruguayo", el debate político se ha centrado en cómo y cuándo el gobierno puede dar por terminado este proceso de construcción de las dos patrullas oceánicas.
En los dos meses siguientes, hubo un intento frustrado de acercamiento entre las partes, una denuncia penal y dos informes críticos de los inspectores de la Armada Nacional en Vigo. Sin embargo, el ensamblaje de las patrullas sigue en pie.
El gobierno ha ido recorriendo los pasos administrativos que, a su entender, avanzan hacia la rescisión del contrato. El viernes 26, el Ministerio de Defensa en calidad de comprador de las OPV dio vista a Cardama de sus "incumplimientos" en el proceso de construcción, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo.
El viernes 19, el astillero había notificado a Defensa que realizó la puesta de quilla correspondiente al segundo buque. Según el contrato, ese hito conlleva la transferencia del 30% del valor de la segunda embarcación a favor de la empresa. Sin embargo, tanto la ministra Sandra Lazo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, han defendido que ese hito recién debería haberse realizado en junio de 2026 y que su financiamiento debería estar contemplado en una segunda carta de crédito.
Además, los informes de los capitanes de navío de la Comisión Técnica (Cotec) de la Armada apostados en Vigo han sido muy críticos con la colocación de esa "segunda quilla", alegando que fue puesta al revés y en la misma vía en que está siendo construido el primer buque.
En la Torre Ejecutiva interpretan que fue una maniobra de Cardama para cobrar una parte del dinero, dado que el siguiente hito la colocación de los motores principales del primer buque está trancado. La ministra Lazo había informado durante la interpelación en el Senado que Caterpillar, la empresa encargada de proveer estos motores, rescindió el contrato con Cardama.
Otro capítulo que se encamina a empantanar la construcción de las patrullas es que la carta de crédito entre el BROU y el Deutsche Bank, a través de la que Cardama cobró dinero, debe ser abierta cada año natural antes del 15 de febrero por el Estado uruguayo. Sin embargo, fuentes de Presidencia explicaron que ven mérito suficiente para no abrir esa carta de crédito en febrero de 2026.
Además, el astillero envió una notificación de citación a conciliación para el próximo 16 de marzo, paso previo al inicio de un juicio por demanda. El presidente Orsi sostuvo que con esto Cardama pasó "a la ofensiva", aunque adelantó que el Poder Ejecutivo se mantendrá "firme" en su posición.
El gobierno aguarda en los próximos días por los hallazgos de la calificadora Bureau Veritas respecto a la construcción de las patrullas, que ha recibido duras críticas de los oficiales uruguayos en Vigo.
