Las autoridades de Colombia y Venezuela trabajaron en conjunto para desmantelar una red de trata de personas que explotaba sexualmente a adolescentes venezolanas desde la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.
Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el principal sospechoso es un hombre de 35 años, identificado como Soto Barragán, oriundo de Bogotá. El individuo habría utilizado plataformas digitales internacionales para captar a las menores y obtener documentos de identidad falsos para registrarlas como adultas y así evadir los controles de los sitios web.
La investigación, que se inició en diciembre de 2024, contó con la participación de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia. Tras recabar suficiente información sobre el accionar criminal, las autoridades allanaron la estructura ubicada en el barrio La Rivera de Cúcuta.
Durante el operativo, los peritos informáticos y los investigadores policiales incautaron seis discos duros, un teléfono celular con presunto material relacionado a la explotación, cuatro cédulas colombianas falsificadas y elementos de uso sexual empleados en las transmisiones.
"El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 22 Local. Se le imputarán cargos por los delitos de trata de personas en concurso con pornografía con menores de 18 años. Fue enviado a un recinto carcelario", especificaron las autoridades en el reporte.
Este desmantelamiento de la red de explotación sexual de adolescentes venezolanas en Colombia se produce en medio de un contexto de creciente vulnerabilidad de la población migrante, que enfrenta múltiples desafíos en su proceso de integración y acceso a oportunidades.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2017 más de 5,6 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, económica y social que atraviesa la nación. Muchos de ellos han buscado refugio en países vecinos como Colombia, donde enfrentan riesgos de caer en redes de trata y explotación.
Las autoridades de ambos países han intensificado sus esfuerzos por combatir este flagelo, pero aún queda mucho por hacer para proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos, niños, niñas y adolescentes migrantes. Expertos coinciden en que se requieren políticas integrales que aborden las causas de fondo y brinden alternativas dignas a quienes se ven forzados a huir de Venezuela.
