El Congreso de la República ha logrado aprobar una importante ley que busca brindar mayor protección a las personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos en el país. La Ley 32534, aprobada al cierre de la primera legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, modifica la normativa existente para ampliar el alcance del Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por este tipo de incidentes.
La Comisión de Energía y Minas, liderada por el presidente de la comisión, el congresista Javier Rodríguez, trabajó arduamente durante la legislatura para lograr la aprobación de esta ley. Según explicó Rodríguez, la modificación era necesaria para garantizar que todas las personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos, sin importar su ubicación geográfica o el tipo de actividad que desarrollen, puedan ser debidamente registradas y recibir la asistencia correspondiente.
"Esta ley es un gran avance en la protección de los derechos de las comunidades y ciudadanos que se ven afectados por este tipo de incidentes, muchas veces ocasionados por la negligencia de las empresas del sector", señaló el congresista. "Ahora tendremos un registro más completo y confiable que nos permitirá brindar una atención integral a todas las víctimas".
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley 32534 es la ampliación del ámbito de aplicación del registro. Anteriormente, este se limitaba únicamente a las personas afectadas por derrames o fugas ocurridos en el marco de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Ahora, el registro abarcará también a quienes resulten perjudicados por incidentes ocurridos durante el transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de estos productos.
Asimismo, la nueva ley establece plazos más estrictos para que las empresas responsables de los derrames o fugas reporten los incidentes y proporcionen la información necesaria para la inscripción de las personas afectadas en el registro. Esto, con el fin de agilizar los procesos de asistencia y compensación.
"Estamos dando un paso fundamental para garantizar que ninguna víctima quede desprotegida y pueda acceder a los mecanismos de reparación que les corresponden", afirmó Rodríguez. "Esta ley es el resultado de un trabajo conjunto entre el Congreso, el Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil que han estado luchando por este objetivo durante años".
La aprobación de la Ley 32534 se produce en un contexto de creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales de la industria de hidrocarburos en el país. Diversos estudios han documentado los graves efectos que los derrames y fugas tienen sobre la salud, los medios de vida y los ecosistemas de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad.
Expertos y activistas celebran la promulgación de esta nueva ley, pero advierten que su implementación efectiva requerirá de un monitoreo y fiscalización rigurosos por parte de las autoridades competentes. Asimismo, resaltan la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de incidentes, a fin de evitar que sigan ocurriendo y afectando a más personas.
