La detención del periodista el pasado 24 de diciembre ha desatado una fuerte polémica en torno a la libertad de expresión en el país. De acuerdo con la organización Artículo 19, la detención se debe a la cobertura de una nota roja y califican este hecho como "un uso del sistema penal a manera de represalia por el trabajo que realiza" el comunicador.
La gobernadora de la región se negó a dar más detalles sobre el proceso penal que se sigue en contra del periodista, argumentando que esa información le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la defensa del comunicador ha anunciado que presentará sus alegatos para demostrar la inocencia de su cliente.
Las acusaciones en contra del periodista incluyen cargos por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Desde Artículo 19 han denunciado que esta detención representa un atentado a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.
Ante este escenario, diversos sectores de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos han exigido la liberación inmediata del comunicador, argumentando que su detención podría tener motivaciones políticas y no estar sustentada en pruebas sólidas.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad periodística nacional e internacional, quienes temen que este tipo de acciones puedan generar un efecto amedrentador y limitar el trabajo de los profesionales de la información. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han condenado enérgicamente la detención y han hecho un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y la libertad de los periodistas en el ejercicio de su labor.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha asegurado que continuará con las investigaciones y que respetará el debido proceso. Los abogados del periodista detenido han anunciado que presentarán todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su cliente y lograr su liberación.
