El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado de manera categórica las acusaciones sobre supuestas intenciones de perpetuarse en el poder y ha reiterado su rechazo a un régimen autoritario. Esto se da en medio de la polémica generada por el registro del Comité Promotor de Asamblea Constituyente ante la Registraduría, cuestionado por el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.
En una contundente declaración, Petro afirmó: "No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno". El mandatario subrayó que su proyecto se centra en reformas profundas del sistema y no en la concentración del poder.
Durante su intervención, Petro contrastó su gestión con la de gobiernos anteriores, cuestionando duramente las acciones del expresidente Iván Duque y su antecesor, Álvaro Uribe. "Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo", afirmó.
El presidente también denunció que, durante las protestas masivas, la inteligencia policial habría catalogado a los jóvenes asesinados y detenidos como "terroristas pagos por Venezuela" ante agencias estadounidenses, lo que calificó como un "exabrupto total y estúpido" debido al "odio aporofóbico" que se desató.
Petro destacó la necesidad de reformas estructurales y puso énfasis en la dimensión social de su proyecto, señalando que "hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en treinta y cuatro años para volver realidad su texto: el Estado Social de Derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos".
Finalmente, el mandatario advirtió sobre los riesgos de confundir conceptos democráticos relevantes, invitando a no confundir "Estado Social de Derecho con neoliberalismo burdo" ni "la democracia con las dictaduras de quienes quisieron 'refundar la Patria' en la vieja constitución dictatorial de 1886".
La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de inscribir formalmente un comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente trasciende el plano discursivo y enfrenta el desafío de los tiempos institucionales, en un contexto de recomposición política y tensiones con el Congreso.
El procedimiento impone condiciones precisas, ya que el comité cuenta con seis meses para recolectar los apoyos ciudadanos, cifra que debe superar el cinco por ciento del censo electoral, equivalente a cerca de dos millones de firmas. La Registraduría Nacional validará esta inscripción en un plazo máximo de ocho días antes de autorizar el inicio de la recolección, estableciendo así el calendario inicial de la iniciativa.
Desde el entorno del Gobierno, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el objetivo apunta a que la posible convocatoria suceda "con el nuevo Congreso que será elegido el ocho de marzo de 2026". Con ello, el Ejecutivo busca abrir una vía popular para la reforma constitucional, exponiendo su estrategia en una coyuntura de reformas trabadas y clima preelectoral.
La idea de instalar una Asamblea Constituyente no es reciente en el discurso de Petro: suele resurgir en momentos de bloqueo legislativo. Hace solo días, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, el mandatario reiteró su advertencia, advirtiendo que si no se lograba la reforma, se haría "en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo Congreso que espero obedezca los intereses del pueblo".
