La Defensoría del Pueblo de [país] ha perdido su acreditación internacional después de que un informe entregado a instancias internacionales desestimara casi la totalidad de las denuncias sobre desapariciones forzadas tras las elecciones presidenciales de 2024.
Según el experto y defensor de derechos humanos Calixto Ávila, esta medida implica que la Defensoría del Pueblo ya no podrá participar en foros y organismos internacionales de derechos humanos, ni recibir financiamiento o asistencia técnica de estos. Además, su credibilidad y capacidad de incidencia a nivel nacional se verán seriamente afectadas.
"La pérdida de la acreditación internacional es un duro golpe para la Defensoría del Pueblo, que debería ser un organismo autónomo e imparcial encargado de defender los derechos de los ciudadanos", señaló Ávila. "Al desestimar las denuncias sobre desapariciones forzadas, la Defensoría ha demostrado su falta de independencia y compromiso con la verdad y la justicia".
Las elecciones presidenciales de 2024 estuvieron marcadas por fuertes cuestionamientos y denuncias de irregularidades por parte de la oposición. Diversas organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales documentaron casos de detenciones arbitrarias, violencia policial y desapariciones forzadas durante y después de los comicios.
Sin embargo, el informe de la Defensoría del Pueblo parece haber minimizado o ignorado gran parte de estas denuncias, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la imparcialidad y efectividad de este organismo.
"La pérdida de la acreditación internacional es una señal de alarma sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en nuestro país", afirmó Ávila. "Es urgente que se tomen medidas para fortalecer la independencia y el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinciones políticas".
Expertos coinciden en que esta situación pone en evidencia la necesidad de reformar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y control de los organismos públicos encargados de velar por los derechos humanos. De lo contrario, se corre el riesgo de que estos se conviertan en instrumentos al servicio de intereses políticos, en lugar de ser garantes de la justicia y la democracia.
