En el verano de 1973, Uruguay vivió uno de los episodios más trascendentales de su historia política. Lejos de ser una época tranquila, como se creía comúnmente, ese año fue testigo de un golpe de Estado que puso fin a décadas de democracia en el país.
La tensión política venía gestándose desde años atrás. La violencia política había hecho su aparición en Uruguay a partir de 1963 con el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), más conocido como los Tupamaros, quienes inspirados por la Revolución Cubana buscaban instaurar un régimen socialista. Los secuestros, asaltos y ataques de este grupo guerrillero fueron escalando, generando una fuerte respuesta del gobierno.
En 1971, a solo tres meses de las elecciones, se produjo la fuga de 117 presos tupamaros del penal de Punta Carretas, un duro golpe a la autoridad del Estado. Fue entonces cuando el presidente Juan María Bordaberry decidió encargar a las Fuerzas Armadas la represión de la guerrilla, conformando las Fuerzas Conjuntas.
La elección de 1971 fue ganada por el Partido Colorado, y Bordaberry asumió la presidencia. Pero la violencia no cesó, y los enfrentamientos entre el gobierno y los tupamaros se recrudecieron. El 14 de abril de 1972 se vivió una jornada trágica con múltiples víctimas de ambos bandos.
Fue en ese clima de creciente tensión que, el 1 de febrero de 1973, el senador Amílcar Vasconcellos denunció que había un movimiento dirigido a sustituir las instituciones republicanas. Bordaberry respondió afirmando que no permitiría la caída del orden constitucional, pero los comandantes militares publicaron una virulenta respuesta.
La crisis llegó a su punto máximo el 9 de febrero, cuando los militares se revelaron y tomaron el control de la televisión estatal, anunciando su participación en la vida política para combatir "ilícitos económicos" y promover "programas sociales". Esa misma noche, el presidente Bordaberry tuvo que ceder ante la presión militar y aceptar su ingreso en un Consejo Nacional de Seguridad.
Técnicamente, el golpe de Estado ya se había consumado. En junio, el Parlamento sería disuelto, dando paso a un gobierno de facto que se prolongaría por más de una década. El verano de 1973 había sido testigo de un quiebre histórico en la democracia uruguaya.
