La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido en días recientes el envío de petróleo a Cuba como parte de una histórica política de Estado de México hacia la isla, tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959. Sin embargo, a nivel discursivo hay un cambio entre Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
En 2021, cuando López Obrador invitó a una importante delegación cubana al desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo, la justificación que se dio fue que con la llegada de Morena al poder y el fin del neoliberalismo se inauguraba una política de solidaridad con Cuba. En su viaje a La Habana, en mayo de 2022, Amlo dio un discurso en el que sugirió que la 4T podía servir de inspiración para que en Cuba "renaciera la Revolución".
Ahora, la presidenta Sheinbaum reitera la oposición de México al embargo comercial, pero no asocia esa postura con la 4T o Morena, sino con la política exterior del Estado mexicano desde el gobierno de Adolfo López Mateos. La presidenta exagera la continuidad de esa política, que en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz no estuvo exenta de conflictos, pero tiene razón al recordar el alto nivel del intercambio bilateral en los sexenios de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
La actual transacción entre donación de combustible y compra de servicios médicos se parece a la establecida en el vínculo con la Venezuela chavista desde los primeros años del siglo XXI. El tipo de relación con Cuba que defiende la 4T es uno en el que la isla no es un socio o un aliado, sino una víctima que debe ser auxiliada, asistida o ayudada. La retórica de la solidaridad cumple un papel central en ese discurso, toda vez que el país caribeño se ha vuelto improductivo y, por tanto, cada vez más dependiente del subsidio energético.
Día con día se hace visible la paradoja de que esa política exterior soberanista se basa en un reforzamiento de la dependencia externa. Si bien el subsidio petrolero sirve a México para marcar distancia de la política regional de Washington, la pregunta que se elude es si dicha política exterior es realmente beneficiosa para Cuba en términos de desarrollo económico y social, por no hablar del profundo costo en términos de normas y prácticas democráticas o de respeto a los derechos humanos.
