En un momento de profunda reflexión para la República Dominicana, el país enfrenta un escándalo de corrupción que ha puesto en jaque la confianza ciudadana y la fortaleza de sus instituciones. Al cerrar el año 2025, los recientes casos de malversación de fondos públicos, especialmente los relacionados con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), han generado una indignación legítima en la población.
El escándalo que envuelve a SeNaSa ha evidenciado presuntas prácticas que habrían afectado directamente los recursos destinados a la atención médica de millones de dominicanos. Este hecho marca un punto de inflexión en la agenda pública del país, no solo por la magnitud de las acusaciones, sino por el impacto humano que conllevan.
Cuando los recursos públicos se desvían de su propósito, no estamos ante simples irregularidades administrativas, sino ante acciones que afectan vidas y erosionan la credibilidad del Estado. La reacción social ha sido contundente: el país no es indiferente cuando se toca lo más sagrado, como es el derecho a la salud.
En medio de este panorama, destaca la postura firme del presidente Luis Abinader, quien ha optado por no ocultar ni apañar actos de corrupción, garantizando que la justicia actúe con independencia. Este enfoque, distinto al de administraciones anteriores, fortalece la institucionalidad y envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley.
Más allá de los problemas, emerge la verdadera fortaleza de la nación: el pueblo dominicano. Un pueblo resiliente, trabajador, que sabe mantenerse de pie ante la adversidad y que cree en la posibilidad de un país mejor. La grandeza dominicana no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de enfrentarlos con dignidad, fe y determinación.
Al entrar al 2026, la República Dominicana debe transformar la indignación en compromiso ciudadano, vigilancia y esperanza activa. El país tiene con qué avanzar, con un pueblo que no se rinde y con la voluntad de seguir construyendo un futuro más justo, más transparente y más humano.
