Gobierno restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad

El Gobierno nacional decidió restringir los pasos fronterizos con Colombia y Perú desde el 24 de diciembre pasado, argumentando razones de seguridad. Esta medida ha generado preocupación entre los usuarios de los pasos fronterizos que se mantienen bloqueados, ya que muchos de ellos comparten relaciones comerciales y familiares a ambos lados de la frontera.

Según el artículo 66 de la Constitución, el Estado debe garantizar el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia. En ese sentido, el Gobierno tiene la potestad de tomar las decisiones que considere necesarias para cumplir con estas disposiciones. Sin embargo, la restricción en las fronteras también tiene efectos económicos y sociales que no pueden ser ignorados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que mantendrá habilitados dos pasos fronterizos internacionales: el Centro Nacional de Atención Fronteriza de Rumichaca, en el límite con Colombia, y el Cebaf de Huaquillas, en la frontera con Perú. No obstante, otros pasos fronterizos como los puentes binacionales San Miguel en Lago Agrio y Mataje en Esmeraldas, así como los pasos que comunican a Urbina (Tulcán) con Santa Fe (Ipiales) y El Carmelo (Tulcán) con La Victoria (Colombia), permanecen bloqueados.

Estas restricciones han generado preocupación entre los habitantes de estas zonas, quienes dependen de las relaciones comerciales y familiares que mantienen a ambos lados de la frontera. Ante esta situación, se espera que el Gobierno busque opciones a corto plazo para atender las necesidades de estos sectores sin afectar la seguridad nacional.

Es importante destacar que, si bien el Gobierno tiene la facultad de tomar medidas para garantizar la seguridad, estas decisiones deben ser analizadas cuidadosamente para minimizar los impactos negativos en la población. La restricción de los pasos fronterizos es una medida compleja que requiere un equilibrio entre la seguridad y el bienestar social y económico de las comunidades fronterizas.