El Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional componente Ejército (IAFAS-EP) enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y responsabilidades institucionales, luego de que se revelara que el ascensor principal del Hospital Militar Central, el principal centro de atención médica de las Fuerzas Armadas, lleva más de dos semanas sin funcionar.
Esta situación ha obligado a usuarios en sillas de ruedas y a pacientes con limitaciones físicas a depender de ayuda de terceros o a restringir su acceso a determinados ambientes del hospital, lo que, según especialistas, podría vulnerar condiciones básicas de accesibilidad y trato digno en un establecimiento público de salud.
La administración del Hospital Militar Central se encuentra bajo la órbita del IAFAS-EP, entidad encargada de gestionar los fondos de salud del personal militar y sus familias. Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el problema responde a fallas técnicas complejas, procesos administrativos pendientes o decisiones de gestión interna.
Cabe resaltar que el coronel EP Felipe Vladimir Benites Sotomayor, quien se encuentra al frente del IAFAS del Ejército, ha estado previamente vinculado a investigaciones fiscales relacionadas con presunto peculado durante su desempeño en el Batallón de Intendencia N. 511. Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para mantener a determinados oficiales en cargos estratégicos.
Además, el mayor EP Klifford Rey Sánchez, quien habría tenido mando directo sobre personal del Batallón de Intendencia N. 511 en el periodo en que ocurrieron hechos que derivaron en investigaciones fiscales y en el fallecimiento de cuatro soldados en 2017, también forma parte del contexto que rodea la actual gestión del IAFAS.
Más allá de los antecedentes individuales, el caso del ascensor inoperativo vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad institucional del Ejército del Perú frente a la atención de sus propios asegurados. Organismos nacionales e internacionales han reiterado que la accesibilidad no es un servicio adicional, sino un derecho básico, especialmente en establecimientos de salud.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que explique las razones de la demora ni el plazo concreto para restablecer el servicio del ascensor. Tampoco se ha informado sobre eventuales responsabilidades administrativas o acciones correctivas internas.
Mientras tanto, pacientes y familiares continúan enfrentando obstáculos diarios dentro del principal hospital militar del país, en un escenario que contrasta con los discursos institucionales sobre eficiencia, modernización y atención prioritaria.
