Un estudio regional elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha identificado a Honduras como uno de los países de Iberoamérica con mayores riesgos para la autonomía del Poder Judicial. El informe "Independencia judicial en Iberoamérica: retos y amenazas" señala que el país centroamericano enfrenta presiones políticas, debilidades estructurales y un divorcio entre la ley y la práctica que comprometen seriamente la independencia de sus tribunales.
El diagnóstico no es nuevo ni aislado. Según el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, la situación de la independencia judicial en Honduras es tan evidente que "ni siquiera requiere que se explique desde fuera". Mejía habla de un "cinismo táctico" en el que, si bien la Constitución y los tratados internacionales garantizan formalmente la autonomía del Poder Judicial, en la realidad cotidiana esta se ve erosionada por presiones externas y fallas institucionales.
Uno de los principales hallazgos del informe es la existencia de interferencias políticas directas en las decisiones jurisdiccionales, lo que ataca de forma frontal la independencia externa de los tribunales. Estas presiones no siempre son públicas, pero generan un clima en el que los jueces saben que sus resoluciones pueden tener consecuencias políticas.
Además, el estudio identifica como grave vulnerabilidad estructural los mecanismos de selección de magistrados y jueces de alto nivel, que permiten amplios márgenes de discrecionalidad y abren la puerta a negociaciones políticas, restando peso al mérito profesional.
El informe también advierte que la composición de la Corte Suprema de Justicia esté regulada en normativa secundaria, lo que expone al sistema judicial a cambios impulsados por mayorías coyunturales, sin necesidad de amplios consensos o blindajes constitucionales.
En general, el diagnóstico regional ubica a Honduras dentro de un patrón de retroceso en la independencia judicial que se ha acentuado en Iberoamérica entre 2020 y 2025, con múltiples puntos de riesgo acumulados.
El resultado, según el estudio, es un sistema judicial que, si bien existe formalmente, opera bajo condiciones que limitan su capacidad de actuar como contrapeso real del poder. Esto, advierten, pone en riesgo los derechos humanos, normaliza la impunidad y debilita la democracia.
Honduras enfrenta así una disyuntiva clara: cerrar la brecha entre lo que la Constitución promete y lo que la realidad permite, o aceptar que la justicia continúe funcionando bajo un "cinismo táctico" que todos reconocen, pero pocos corrigen.
