El Poder Ejecutivo ha decretado el estado de emergencia en diversas zonas de la región de Piura, en respuesta a la alarmante ola de criminalidad que azota a la zona. La medida, que tendrá una duración de 60 días calendario, se aplicará a los distritos de Piura, Castilla, Veintiseis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como a las provincias de Talara y Paita.
El decreto, oficializado el pasado 24 de diciembre mediante el Decreto Supremo Nro. 146-2025-PCM, contempla una serie de acciones orientadas a restablecer el orden y reducir significativamente los índices de delincuencia en la región. Entre las medidas implementadas se encuentran el control penitenciario, el bloqueo de telecomunicaciones ilícitas, el decomiso de armas, municiones y explosivos, así como la recuperación de espacios públicos asociados a actividades delictivas.
Asimismo, se ha dispuesto la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que liderará las acciones integradas de diversos organismos, entre ellos los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, así como los gobiernos regional y locales de las jurisdicciones afectadas.
El control territorial en las zonas críticas contempla el patrullaje permanente, la instalación de puestos de comando temporales y la realización de operativos de control de identidad en vía pública y en inmuebles, de ser necesario. Además, se ha establecido la sesión permanente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura y de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Piura, Sullana, Paita y Talara.
La implementación de estas medidas busca restablecer la seguridad y el orden en la región de Piura, que se ha visto gravemente afectada por la ola de criminalidad. Autoridades esperan que, con la intervención coordinada de los diferentes organismos involucrados, se pueda reducir significativamente los índices delictivos y garantizar los derechos fundamentales de la población.
