Panamá enfrenta un desafío persistente en garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud para todos sus ciudadanos, especialmente aquellos que viven fuera de las principales áreas urbanas. Las cifras oficiales revelan una distribución desigual de los recursos médicos en el país, con las comunidades rurales e indígenas sufriendo la mayor escasez de personal.
Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), Panamá cuenta con un total de 10,068 médicos para atender a una población de aproximadamente 4.5 millones de habitantes, lo que representa 2.3 médicos por cada 1,000 personas, superando el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, esta cifra global oculta profundas disparidades regionales.
Las comarcas indígenas y las zonas más remotas del país concentran la menor cantidad de personal médico, tanto de médicos generales como especialistas. La comarca Guna Yala, por ejemplo, cuenta con solo 37 médicos generales y un solo especialista para atender a sus comunidades dispersas y de difícil acceso. La comarca Ngäbe Buglé tiene 66 médicos generales y siete especialistas, mientras que Bocas del Toro registra 36 médicos generales y siete especialistas.
En la provincia de Darién, una de las más desafiantes geográfica y socialmente, el sistema público de salud dispone de 50 médicos generales y 10 especialistas. En contraste, las áreas metropolitanas de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí concentran la mayor cantidad de médicos del país, con los hospitales nacionales y los institutos especializados absorbiendo la mayor parte de los especialistas.
Esta distribución desigual del personal médico se traduce en serias consecuencias para las comunidades afectadas. Enfrentan largas listas de espera, dificultades para acceder a diagnósticos oportunos, derivaciones tardías y mayores costos para las familias que deben desplazarse a otras provincias en busca de atención especializada.
La Defensoría del Pueblo ha señalado reiteradamente que estas deficiencias estructurales en la prestación de servicios de salud afectan con mayor intensidad a las poblaciones rurales, comarcales e indígenas, profundizando las históricas desigualdades.
Si bien Panamá cuenta con una sólida base de profesionales médicos, el desafío radica en cómo y dónde se distribuyen estos recursos. Hasta que se logre cerrar esta brecha territorial, el acceso a la salud seguirá siendo, para muchos panameños, una cuestión de ubicación geográfica más que de un derecho fundamental.
