El Gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en seis distritos y dos provincias de la región de Piura, en el norte del país, con el objetivo de hacer frente al aumento de la criminalidad y otras situaciones de violencia que aquejan a la zona.
Según el decreto ejecutivo, el estado de emergencia se aplicará en los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, pertenecientes a la provincia de Piura; en los distritos de Sullana y Bellavista, de la provincia de Sullana; así como en las provincias de Paita y Talara, todas ellas ubicadas en el departamento de Piura.
Esta medida excepcional, que entrará en vigor de manera inmediata, otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir y controlar la situación en las áreas afectadas. Durante el estado de emergencia, se restringen ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y reunión, con el fin de facilitar las operaciones de las autoridades.
El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de "hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia" que se han agravado en la región de Piura en los últimos meses. Según fuentes oficiales, los índices delictivos han experimentado un preocupante aumento, lo que ha generado una sensación de inseguridad entre la población.
Las provincias y distritos incluidos en el estado de emergencia son considerados focos de violencia e inseguridad, con un incremento significativo de delitos como robos, asaltos y actos vandálicos. Las autoridades esperan que esta medida excepcional permita recuperar el control de la situación y brindar mayor protección a los ciudadanos.
El decreto establece que el estado de emergencia tendrá una duración inicial de 60 días, aunque podrá ser prorrogado si las circunstancias lo requieren. Durante este periodo, se reforzará la presencia de las fuerzas del orden, se implementarán operativos de seguridad y se intensificarán los esfuerzos para desmantelar las redes delictivas que operan en la zona.
La declaración del estado de emergencia en Piura se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana en diversas regiones del Perú. El Gobierno ha adoptado medidas similares en otras áreas del país donde la criminalidad ha alcanzado niveles alarmantes, con el objetivo de restablecer el orden y la tranquilidad en las comunidades afectadas.
