El escándalo nacional desatado por las revelaciones hechas en torno a las presiones y amenazas sufridas por el juez Carlos Serrano ha puesto en evidencia la grave crisis que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano. Pese a la gravedad de los hechos, los miembros de la Asamblea Nacional y el presidente Guillermo Lasso parecen más interesados en disfrutar de sus vacaciones de fin de año que en abordar este asunto urgente.
El epicentro del escándalo es Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien se sospecha conspiró para coaccionar al juez Serrano. Lejos de asumir responsabilidades, Godoy ha pedido licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea, mientras que sus colegas en el Consejo de la Judicatura han designado a siete nuevos fiscales provinciales, retrasado un proceso por error inexcusable y, en lugar de iniciar acciones disciplinarias contra Henry Gaibor, el presunto ejecutor del intento de manipulación de Serrano, simplemente le han pedido la renuncia.
Esta actitud de impasividad e indiferencia ante un escándalo de tal magnitud ha resultado "infecciosa", según se describe en la fuente, y se ha extendido a los miembros de la Asamblea Nacional, quienes parecen más preocupados por disfrutar de sus vacaciones que por llevar a cabo una fiscalización a la altura de las circunstancias.
La fuente hace un llamado a no callar ni permitir que quienes facilitaron la llegada y permanencia de Godoy en el Consejo de la Judicatura salgan ilesos, mencionando a José Suing, su nominador, y a los consejeros de la Liga Azul y Guarderas, que le dieron su primera designación, así como a la mayoría de Fantoni, que le dio la segunda. Todos ellos, según se señala, se hicieron de la vista gorda cuando se advirtió por primera vez que Godoy arrastraba consigo un grave conflicto de interés.
Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar el sistema judicial ecuatoriano y de garantizar la independencia y la integridad de los jueces, para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Es imperativo que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo asuman su responsabilidad y tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
