La reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N. 26.639 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso ha generado un intenso debate. Por un lado, varias provincias, especialmente las firmantes del Pacto de Mayo, consideran que el esquema vigente necesita ser revisado para otorgarles mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales. Por otro lado, organizaciones ambientalistas advierten que el proyecto reduciría la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
La Ley de Glaciares actual parte de un axioma: todo glaciar y todo ambiente periglacial deben ser preservados como reservas estratégicas de agua, por lo que ciertas actividades, como la exploración y explotación minera, quedan prohibidas en esas áreas. La identificación de glaciares y ambientes periglaciares está en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), a través de su inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares. En este esquema, la injerencia de las provincias es prácticamente nula.
La reforma propuesta busca dos cambios fundamentales. En primer lugar, abandonar el esquema de prohibiciones automáticas y reemplazarlo por criterios objetivos y científicos que permitan evaluar si una actividad afecta realmente un recurso hídrico estratégico. En segundo lugar, incorporar una lógica de federalismo de concertación, en la que las provincias participen activamente tanto en la protección del ambiente como en la gestión de sus recursos naturales.
Para ello, el proyecto redefine con mayor precisión el objeto de protección, enfocándose en los glaciares y ambientes periglaciares que actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para cuencas hidrográficas. Además, el Inventario Nacional de Glaciares dejará de ser una construcción exclusivamente nacional, permitiendo que las autoridades ambientales provinciales aporten información y participen en su conformación.
Otro cambio sustancial es que toda autorización de proyectos productivos en estas áreas quedará sujeta a procedimientos de evaluación de impacto ambiental que garanticen la participación ciudadana.
Lejos de bajar la vara ambiental para favorecer el desarrollo económico, la reforma propone un cambio de sistema, pasando de un modelo centralizado que concentra decisiones y diluye responsabilidades, a uno compartido, donde Nación y provincias asumen en conjunto el deber de proteger los glaciares y administrar racionalmente los recursos naturales.
Si bien la reforma no eliminará controles ni abrirá zonas grises, obligará a decidir mejor, con más información, más participación y más responsabilidad política. En definitiva, dejará atrás una falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección ambiental, avanzando hacia un federalismo ambiental maduro en el que ambos se exigen mutuamente.
