El proyecto de ley que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) continúa en su segundo trámite en el Senado, enfrentando duras críticas por el impacto que podría tener en las arcas fiscales. La iniciativa, promovida por el Gobierno de Gabriel Boric como un cambio estructural en la política educativa, ha generado preocupación entre diversos actores, incluyendo universidades y parlamentarios de oposición.
Según diversos estudios, el nuevo modelo de financiamiento podría acarrear más deuda fiscal, lo que ha retrasado el ingreso de indicaciones al proyecto en el Senado. Desde el Gobierno, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ha señalado que están disponibles para llegar a acuerdos y creen que es viable despachar el proyecto en este período legislativo.
Sin embargo, voces críticas como la del rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, han advertido que el proyecto "tiene un mal diseño estructural" y podría implicar un perjuicio de entre 10.000 y 25.000 millones de pesos para su institución. Asimismo, un informe técnico solicitado por el Consejo Fiscal Autónomo concluyó que el pago del FES no es un "activo financiero" del fisco.
A pocos meses del fin del mandato de Boric, el senador UDI Gustavo Sanhueza advirtió que, si el Gobierno no está disponible para llegar a acuerdos, lo más probable es que el FES quede para el próximo período. En un eventual Gobierno de Kast, el desafío sería replantear el financiamiento de la educación superior con una propuesta fiscalmente responsable.
La diputada del Frente Amplio Emilia Schneider, por su parte, afirmó que el despacho del proyecto durante este periodo es viable, ya que desde el Ejecutivo están trabajando en acuerdos con distintos actores. Sin embargo, reconoció que los nudos fundamentales son los topes de la retribución y la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior.
