El Gobierno del Perú, a través del Consejo de Ministros, ha anunciado la creación de un subsistema de justicia especializado en enfrentar los delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Esta medida busca articular el trabajo de la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para combatir de manera más efectiva estos flagelos que han ido en aumento a nivel nacional.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, explicó que el objetivo es establecer un subsistema que involucre a las principales instituciones de la administración de justicia y que permita obtener resultados positivos en los próximos meses. Según Álvarez, la intención es que este mecanismo permita castigar de manera rápida y expeditiva a los responsables de estos delitos.
Uno de los aspectos clave que resaltó el ministro es que la extorsión se ha "informalizado", convirtiéndose en una práctica ejercida incluso por vecinos contra miembros de su propia comunidad y por empleados contra sus propias empresas. Ante esta situación, Álvarez señaló que es necesario fortalecer la inteligencia policial y el trabajo coordinado entre fiscales y jueces.
Paralelamente, el Gobierno ha prorrogado por 30 días más el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao para hacer frente a la creciente ola de criminalidad. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y podrá restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos constitucionales.
Estas medidas se dan en un contexto político complejo, con 39 agrupaciones políticas en carrera y el regreso del Senado, de cara a las elecciones del 2026. Entender quiénes buscan el poder y sus propuestas será clave para definir el rumbo del país en los próximos años.
