En un hecho que ha generado gran preocupación, 18 militares que cumplían una misión contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, fueron secuestrados por más de 200 personas de comunidades del Pacífico.
Según el Ejército Nacional, los uniformados fueron rodeados e interceptados por este grupo de personas, quienes los retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil.
El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército, expresó su profunda preocupación ante esta situación y rechazó categóricamente los hechos, señalando que cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública es inaceptable.
Asimismo, el Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad.
Es importante destacar que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública son conductas reguladas por la ley y pueden generar responsabilidades penales. Por lo tanto, el Ejército Nacional hizo un llamado a abstenerse de este tipo de acciones, que afectan la institucionalidad, vulneran los derechos de los soldados y pueden involucrar indebidamente a civiles, con las correspondientes consecuencias jurídicas.
Este incidente se produce en un contexto de tensiones entre las Fuerzas Militares y algunos grupos armados en la región del Pacífico colombiano, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y disputa el control territorial con otras organizaciones criminales. La seguridad y el respeto a la integridad de los miembros de la fuerza pública son fundamentales para garantizar la estabilidad y el Estado de Derecho en el país.
