Pese al escándalo de corrupción destapado en el programa Qali Warma, que reveló una red criminal integrada por empresarios y funcionarios públicos, varios de los implicados han logrado reincorporarse al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Algunos incluso continúan cobrando sus salarios desde sus hogares, mientras otros se encuentran prófugos de la justicia.
La investigación realizada por el programa Punto Final sacó a la luz una trama de sobornos y manipulación de contratos que perjudicaba la alimentación de los escolares más vulnerables del país. Sin embargo, a más de un año del escándalo, el Midis no ha logrado concretar la expulsión de los funcionarios involucrados.
Uno de los casos emblemáticos es el de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario de Qali Warma, quien habría recibido pagos mensuales de 500 soles a través de la cuenta bancaria de su esposa para favorecer a la empresa Frigoinca. Actualmente, Álvarez está suspendido, pero continúa cobrando su salario desde su casa.
Junto a él, otros nueve funcionarios del programa habrían integrado la red que permitía a Frigoinca burlar controles y ganar millonarios contratos. Algunos de ellos, como Deyvis Espinoza Mendoza y su esposa Yesabella Pazos Cribillero, exfuncionaria del sector Salud, se encuentran prófugos de la justicia.
Pese a que el entonces ministro Julio Demartini anunció la separación de los implicados, el organismo SERVIR anuló las destituciones mediante dos resoluciones, lo que permitió que varios de ellos estén habilitados para volver. Actualmente, Julissa Fajardo Michelini y Fernando Herrera Carrión figuran como trabajadores activos del nuevo programa Wasi Mikuna, percibiendo sueldos públicos.
En total, son 10 los funcionarios destituidos que, por errores en el proceso, están habilitados para retornar. De ellos, 3 ya han sido reincorporados y cobran sueldo, 2 están prófugos de la justicia y 5 permanecen en prisión preventiva.
El escándalo de corrupción en Qali Warma ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de los programas sociales del Estado, a fin de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios más vulnerables.
