La agrupación ciudadana Fuerza Social (FS) ha confirmado la expulsión definitiva y con ignominia de su precandidato Charles Becerra Sejas, luego de verificar y ratificar los graves hechos de corrupción que pesan contra la exautoridad municipal.
Entre los delitos comprobados se encuentran una sentencia condenatoria de tres años de prisión en el penal San Pablo de Quillacollo por los delitos de estafa e incumplimiento de deberes, vinculados al denominado Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, proyecto que comprometía una inversión aproximada de 10 millones de dólares.
Asimismo, se ha detectado que Becerra generó una fortuna que lo ubica como uno de los "hombres más ricos de Quillacollo" durante su corta gestión de 2013-2015, lo que sugiere enriquecimiento ilícito.
Los dirigentes de Fuerza Social señalaron que la decisión fue tomada tras confirmar la documentación judicial y los antecedentes que comprueban la responsabilidad penal de Becerra en uno de los casos más cuestionados de la gestión municipal pasada. Denunciaron además abuso de confianza y una burla permanente hacia la militancia, asegurando que el exalcalde solo habría utilizado a la agrupación como plataforma para promocionar su imagen personal, aprovechándose del trabajo y sacrificio de sus fundadores.
Cabe destacar que, a pesar de la sentencia condenatoria, Becerra se habría beneficiado del instituto procesal de la prescripción, que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo, pero no borra la responsabilidad ni lo libera del cumplimiento de sanciones, como la reparación de daños y perjuicios, además de otras costas derivadas del daño económico lesivo al Estado.
Según el juez Percy Cámara, miembro del tribunal de sentencia, "el hecho de que una causa prescriba no significa que el condenado quede libre de responsabilidad civil ni administrativa". Otros juristas recordaron que los delitos de corrupción, según la Ley 004, no prescriben, y tampoco existe el perdón judicial.
Además, se desconoce si Becerra cuenta con la solvencia fiscal requerida para habilitarse electoralmente, ya que arrastra un pliego de cargo millonario. El proceso judicial aún no está cerrado, ya que la ratificación de la sentencia se encuentra actualmente en fase de casación en la ciudad de Sucre.
La expulsión de Fuerza Social marca un quiebre definitivo en la carrera política de Becerra. Mientras el calendario electoral avanza, el caso vuelve a instalar un debate incómodo pero necesario: la ética, la memoria y los límites de la política, frente a antecedentes judiciales que, lejos de disiparse, siguen pesando sobre el presente y el futuro del municipio.
