Las familias de los transportistas asesinados por la ola de extorsiones y ataques armados en el país continúan a la espera del apoyo económico y psicológico prometido por el gobierno de Dina Boluarte y la actual administración de José Jerí.
Según reveló el programa "Punto Final", entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 91 muertes por ataques contra el transporte público, pero el Ministerio del Interior solo remitió al Inabif una lista con 40 conductores fallecidos. La cifra real sería aún mayor, ya que también hubo cobradores y pasajeros entre las víctimas, y no existe un registro oficial y completo de los deudos.
La ausencia de un padrón unificado dificulta la identificación de los niños que quedaron en orfandad y la focalización de la ayuda estatal. Ni el gobierno de Boluarte ni la actual administración de Jerí consolidaron un registro integral de los casos.
De los 40 casos reportados, se identificó a 38 menores huérfanos, mientras que las familias de cobradores asesinados siguen sin certeza sobre el acceso a los beneficios y la protección legal anunciados.
Carmen Mendoza Granados, madre de un conductor asesinado en San Martín de Porres, cuestionó que los anuncios de bonos -de 200, luego 500 soles- no se hayan concretado. Otras familias señalaron que tampoco recibieron el bono bimensual de 400 soles ni atención psicológica, como en el caso de Diana Medina Laura, cuyo hijo quedó afectado emocionalmente tras el asesinato de su padre sin recibir respuesta del Estado.
Los familiares de las víctimas de los sicarios y extorsionadores denuncian el abandono y el incumplimiento de los compromisos oficiales por parte de los gobiernos de Boluarte y Jerí. A pesar de los anuncios y promesas, estas familias en situación de vulnerabilidad siguen esperando el apoyo económico y psicológico que les fue ofrecido.
