La Administración de Donald Trump respondió a un artículo publicado este sábado por The New York Times, el cual señala que el supertanquero Centuries, interceptado este sábado, no figuraba en las listas de sanciones oficiales.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el buque operaba bajo una "bandera falsa" y formaba parte de una "flota en la sombra" diseñada para el tráfico de crudo. Según Kelly, la embarcación transportaba petróleo perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que lo convertía automáticamente en un objetivo de la Operación Lanza del Sur.
"El petrolero contenía petróleo de PDVSA sancionado. Era un buque de bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado", dijo en respuesta al artículo del The New York Times.
La revelación del The New York Times puso en duda la base jurídica del operativo, sugiriendo que la Guardia Costera y el Departamento de Guerra actuaron sin una orden administrativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). No obstante, la Casa Blanca desestimó estas críticas argumentando que la procedencia del crudo y el uso de identidades marítimas fraudulentas son motivos suficientes para la interceptación marítima.
Previamente, la agencia Bloomberg había confirmado que los 2 millones de barriles de petróleo a bordo pertenecían a una empresa de China. A pesar de las advertencias sobre posibles violaciones al derecho internacional y a la libre navegación, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ratificó que las operaciones de interceptación continuarán de forma inquebrantable.
Esta nueva acción se enmarca en la Operación Lanza del Sur, una iniciativa de la Administración Trump para interceptar buques que transporten petróleo venezolano, considerado como un recurso "robado" por el gobierno estadounidense. La Casa Blanca ha justificado estas medidas alegando que buscan cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, al cual consideran una "dictadura".
Sin embargo, la comunidad internacional ha criticado duramente estas acciones, calificándolas como violaciones a la soberanía de Venezuela y al derecho internacional. Expertos en derecho marítimo han advertido que estas interceptaciones podrían constituir actos de piratería y poner en riesgo la libertad de navegación.
A pesar de las advertencias, el gobierno de Trump parece decidido a continuar con estas operaciones, en un intento por asfixiar económicamente al gobierno venezolano y forzar un cambio de régimen. No obstante, las consecuencias de estas acciones unilaterales podrían ser impredecibles y generar un mayor escalamiento de tensiones a nivel regional e internacional.
