En una medida sin precedentes, el Gobierno peruano ha logrado bloquear más de 2.5 millones de equipos móviles desde abril de 2025, superando la meta establecida para este año en el marco de su estrategia contra la inseguridad ciudadana. Esta acción se enmarca en el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en diversas zonas del país.
Los celulares bloqueados no se encontraban registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y estaban asociados a usuarios con antecedentes reiterados de alteración o clonación de códigos IMEI. Esta iniciativa, implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros en colaboración con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), ha permitido alcanzar el objetivo trazado.
Entre el 28 de octubre y la fecha, se bloquearon más de 650,000 equipos móviles adicionales bajo este esquema, como parte de la respuesta integral del Estado frente a la actividad criminal. El ente regulador utilizó la información del sistema Renteseg para identificar dispositivos que, además de no estar incluidos en la lista blanca, se vinculan de forma recurrente con el uso de IMEI inválidos o clonados, así como con personas involucradas en investigaciones activas de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio Público.
Esta medida se enmarca en un conjunto de acciones impulsadas por el Ejecutivo para desmantelar las redes que facilitan delitos como la extorsión y la suplantación de identidad. Según el Gobierno, la estrategia integral contra la inseguridad ciudadana ha dado resultados significativos, logrando superar la meta de bloqueo de dispositivos móviles ilegales.
Expertos en seguridad digital y telecomunicaciones han respaldado la iniciativa, destacando que el bloqueo de celulares no registrados en el Renteseg es una herramienta efectiva para combatir el uso de equipos vinculados a actividades delictivas. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupación por posibles afectaciones a usuarios legítimos que podrían verse perjudicados por errores en la identificación de dispositivos.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos, manteniendo un diálogo abierto con la sociedad civil y los expertos en la materia. La lucha contra la inseguridad sigue siendo una prioridad en la agenda del Ejecutivo, y el bloqueo de celulares ilegales se perfila como una estrategia clave en este esfuerzo.
