Después de una década gestionando el servicio de agua en Lanzarote y La Graciosa, la Comunidad de Madrid, a través de su empresa pública Canal de Isabel II, ha decidido abandonar el negocio en las islas Canarias. La decisión llega luego de que la concesión se convirtiera en un "pozo sin fondo" para las arcas madrileñas, con pérdidas que alcanzaron los 11,4 millones de euros en 2024.
El conflicto entre el Consorcio del Agua de Lanzarote y el Canal de Isabel II se remonta a 2013, cuando la empresa pública madrileña ganó la concesión por 30 años para gestionar el abastecimiento y saneamiento de agua en siete municipios de la isla, que dan servicio a 208.000 habitantes. En aquel entonces, el Canal se comprometió a invertir 50 millones de euros en infraestructuras.
Sin embargo, a lo largo de los años, las cuentas no han cuadrado. Según la Comunidad de Madrid, el Consorcio de Lanzarote no ha cumplido con las inversiones prometidas, lo que ha provocado un "grave deterioro del sistema de abastecimiento" y ha obligado a aumentar las restricciones de agua para la población. Por su parte, el Consorcio acusa al Canal de no haber ejecutado el 40% de las inversiones comprometidas.
Ante esta situación, en abril de 2025 el Consorcio notificó al Canal de Isabel II el inicio del proceso para rescindir el contrato y adjudicar una nueva concesión. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid amenaza con reclamar perjuicios económicos, al tiempo que negocia la cesión del contrato a otra empresa, como la filial de Aguas de Barcelona, Canaragua.
Para el diputado socialista Diego Cruz, la forma en la que se está gestionando este proceso carece de la transparencia y el rigor que debería exigirse a una empresa pública como el Canal de Isabel II. Cuestiona por qué se opta por la "cesión" del contrato en lugar de un nuevo concurso público, y pide que se detallen los criterios y las empresas que han mostrado interés en hacerse cargo de la concesión.
La salida del Canal de Isabel II de Lanzarote marca el fin de una aventura expansionista que la empresa pública madrileña había iniciado en 2013, cuando extendió sus operaciones a otros países de Sudamérica. Ahora, tras una década de pérdidas y conflictos, la Comunidad de Madrid ha decidido poner fin a esta experiencia en las islas Canarias.
