Más de tres décadas después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, el país centroamericano enfrenta el desafío de mantener viva la memoria de ese doloroso episodio de su historia. Si bien el 20 de diciembre fue declarado oficialmente como Día de Duelo o Reflexión Nacional, en la práctica, para amplios sectores de la sociedad, se ha convertido en un día libre más, diluido entre compras, entretenimiento y agendas personales.
Para el autor del artículo, un terapeuta ocupacional que ha atendido a sobrevivientes y familiares de víctimas, esta pérdida de contenido de la fecha es preocupante, ya que no solo debilita la memoria colectiva, sino también la capacidad de aprender del pasado. Las experiencias de los civiles y exmiembros de las Fuerzas de Defensa revelan realidades crudas, humanas y complejas que merecen ser escuchadas.
El autor hace un llamado a que la dinámica de conversatorios, de escucha activa y de diálogo honesto se replique en espacios como escuelas, universidades y comunidades, ya que la memoria no se preserva con monumentos silenciosos, sino con encuentros que sensibilicen a las nuevas generaciones.
Tras la invasión, el movimiento civilista emergió como una respuesta ética al autoritarismo, la violencia y el abuso de poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de esos liderazgos se diluyeron, se institucionalizaron o terminaron absorbidos por la lógica del poder, los intereses económicos y la corrupción. La lucha por la memoria fue desplazada por la administración del poder.
Esa contradicción también se refleja en la política actual, donde el presidente se identifica con el civilismo, pero su administración incluye figuras vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tuvo un rol determinante en la crisis política y social de los años 80. Según el autor, el país ha normalizado un olvido selectivo, donde se recuerda lo conveniente y se archiva lo incómodo.
En ese sentido, el autor critica el mensaje reciente del alcalde capitalino, Mayer, quien abordó las fechas de duelo nacional con una lógica que muchos percibieron como ambigua: respeto simbólico por un lado, pero apertura al comercio y al entretenimiento por otro. Para el autor, no todo puede ni debe negociarse, y hay fechas que exigen coherencia institucional, sobriedad y respeto.
En conclusión, el autor sostiene que la memoria histórica no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base ética. A los familiares de los desaparecidos, Panamá les debe mucho más que declaraciones oficiales: les debe verdad, reconocimiento y espacios reales de escucha. Mientras existan preguntas sin respuesta, el país no puede darse el lujo de pasar la página.
