El asunto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela ha producido hasta ahora más inconvenientes que consecuencias prácticas, aunque algunas de ellas afectan directamente al ciudadano venezolano. Sin embargo, la reciente medida adoptada por el presidente Trump de ejercer un bloqueo estricto al tráfico petrolero hacia y desde Venezuela parece tener el potencial de causar consecuencias que bien pudieran producir un cambio de régimen.
Hace unos días, tanto el presidente Trump como el Secretario de Estado Rubio insinuaban que el despliegue militar en el Caribe tenía por objeto combatir el narcotráfico, sin mencionar como primordial el propósito de sustituir a Maduro por medio de la fuerza. Pero el panorama parece haber evolucionado, pasando a incluir también la salida de Maduro, con uso de la fuerza si fuere necesario.
El bloqueo del Caribe, cercando a Venezuela para impedir la salida del petróleo del cual depende la casi la totalidad de sus ingresos fiscales, parece presagiar el golpe final a la dictadura de Nicolás Maduro. Esto se da luego del ya visible éxito del operativo actualmente en marcha, destinado a destruir las embarcaciones sospechosas de participar en el contrabando de sustancias prohibidas.
La legalidad de esta medida está fundada en la previa declaración como terroristas del Cartel de los Soles, lo cual habilita al presidente de los Estados Unidos para asumir la atribución de utilizar la fuerza en aguas internacionales, con el objeto de neutralizar las lanchas que utilizan esas rutas para lograr el ingreso de la carga a los Estados Unidos, lo cual es calificado como una amenaza para la seguridad nacional.
Otro argumento esgrimido es que Maduro, al desconocer el resultado de la elección del 28 de julio de 2018, es un usurpador del poder y, por tanto, no es el legítimo representante de Venezuela. A ello se agrega la declaración del carácter terrorista del Cartel de los Soles y la más reciente que designa a Venezuela y a Maduro como promotores del terrorismo internacional, lo que justificaría el uso de la fuerza para eliminarlos por constituir un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, algunas de esas apreciaciones no son consistentes con el derecho internacional. En primer lugar, porque Venezuela y Estados Unidos no están en guerra. Además, no existe fundamento legal para que un país se arrogue el derecho de intervenir, interrumpiendo la libertad de comercio internacional en tiempo de paz. Asimismo, la sanción norteamericana a una embarcación civil no habilita para el uso de la fuerza en aguas internacionales.
En resumen, Venezuela expropió y no pagó las indemnizaciones a las empresas extranjeras afectadas. Los acreedores acudieron a los recursos legales y ganaron en los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela se ha negado a cumplir con esos fallos, lo que ha puesto en riesgo a CITGO, el principal activo venezolano en el exterior. Ahora, las sanciones de Estados Unidos, incluyendo el bloqueo petrolero, amenazan con ser el golpe final a la dictadura de Maduro.
